Ecuador: la política en clave electoral
En el Ecuador de hoy, incluso los acontecimientos que parecen desconectados entre sí terminan unidos por un mismo hilo político. La paralización parcial del transporte público en Quito y el reciente conflicto comercial con Colombia alrededor de los aranceles podrían interpretarse, en apariencia, como hechos distintos: uno vinculado con la movilidad urbana y el otro con la política económica y las relaciones bilaterales. Sin embargo, ambos comparten un mismo punto focal: la disputa por la imagen, la reputación y la valoración política de cara al proceso electoral de 2027.
Ese es, probablemente, el rasgo más importante del momento político ecuatoriano. Toda decisión pública, toda declaración y toda crisis deben leerse hoy en clave electoral. Ya no existen medidas exclusivamente técnicas ni conflictos estrictamente administrativos. Cada actor político, desde el Gobierno central hasta las alcaldías, pasando por ministros, voceros, gremios y operadores territoriales, actúa condicionado por la proximidad de una nueva disputa en las urnas. Faltan aproximadamente seis meses para que los ecuatorianos vuelvan a las urnas. En política, ese plazo no es lejano: es inminente.
La crisis del transporte en Quito es un ejemplo evidente de ello. La decisión inicial del Gobierno de no extender las compensaciones económicas entregadas al sector transportista tras la eliminación del subsidio al diésel provocó una reacción inmediata que afectó la cotidianidad de miles de ciudadanos. El conflicto escaló rápidamente y convirtió a la capital en el escenario de una disputa política donde ya no solo se discutía financiamiento estatal, sino también responsabilidades frente al malestar ciudadano.
Sin embargo, pocas horas después de que la tensión alcanzara un punto crítico, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 378 para extender por ocho meses el mecanismo de compensación para el transporte intracantonal e interprovincial. Más allá de la dimensión económica de la medida, el decreto revela una lógica política más profunda: el Gobierno necesitaba impedir que la crisis se consolidara como una narrativa de desgobierno y deterioro institucional en Quito.
La capital tiene un peso simbólico central en la política ecuatoriana. Lo que ocurre en Quito rápidamente adquiere dimensión nacional y termina impactando directamente sobre la percepción pública del poder. En ese contexto, el alcalde Pabel Muñoz se convirtió en uno de los principales receptores del desgaste político derivado de la paralización, aun cuando el origen del conflicto estuviera relacionado con decisiones del Ejecutivo nacional. Esa dinámica no es casual. En escenarios preelectorales, la disputa política gira alrededor de la capacidad de trasladar costos, distribuir responsabilidades y administrar percepciones.
Algo similar ocurre con el reciente giro del Gobierno respecto a los aranceles aplicados a productos colombianos. Pero aquí hay un dato decisivo que cambia el encuadre: el 7 de mayo de 2026 la Secretaría General de la CAN emitió la Resolución Nro. 2582 y declaró el gravamen incompatible con el Acuerdo de Cartagena; además, ordenó el retiro de las medidas en 10 días hábiles. La decisión no solo alcanza a Ecuador: la CAN también ordenó a Ecuador y Colombia desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales dentro del mismo plazo.
Eso vuelve el episodio menos una simple rectificación táctica y más una derrota jurídica para la estrategia arancelaria del Gobierno. En clave política, el punto no es solo que los aranceles generaban costos en precios y en sectores fronterizos; ahora también quedaron desautorizados por una autoridad supranacional, lo que reduce el margen del Ejecutivo para convertir el cambio de postura en una victoria narrativa. La tensión ya no se explica solo por el cálculo electoral interno, sino por el límite externo que impone el derecho andino al uso político de la política comercial.
El politólogo argentino Mario Riorda sostiene que “La gestión también es comunicación. La comunicación debe ser gestionada como un sistema.” Y en otra formulación suya es todavía más tajante: “Cuando se dice que se gobierna bien pero se comunica mal, se dice una mentira.” Esa idea ayuda a entender el comportamiento del poder en el Ecuador actual. Los decretos, las rectificaciones y los anuncios no buscan únicamente resolver problemas; buscan producir legitimidad, contener desgaste y controlar el relato público.
A eso se suma el fenómeno descrito por Byung-Chul Han en Infocracia. En el libro, Han plantea que las campañas electorales se desarrollan como guerras de información con bots y ejércitos de trolls, y que la democracia se degrada en una “infocracy”; también advierte que creemos ser libres, pero en realidad nuestra vida queda registrada y nuestra conducta puede ser controlada psicopolíticamente. Esa clave sirve para leer el Ecuador actual: cada crisis se convierte en una batalla narrativa, cada conflicto social en una oportunidad de posicionamiento, y cada medida gubernamental en un gesto evaluado no solo por sus efectos concretos, sino por su impacto sobre la percepción pública.
El Ecuador parece haber ingresado de lleno en esa lógica. Cada conflicto deja de ser únicamente una disputa material y se transforma en una competencia por instalar sentidos. Cada rectificación se mide por su eficacia comunicacional. Cada actor intenta mover la responsabilidad hacia el otro y fijar el marco interpretativo antes de que lo haga su adversario. En ese contexto, gobernar ya no consiste solo en administrar problemas, sino en administrar percepciones.
Por eso, más allá del transporte o de los aranceles, lo que realmente está en juego es el control de la percepción pública en un país que ya empezó a vivir el proceso electoral antes de que oficialmente inicie la campaña. En el Ecuador de este momento, gobernar y hacer campaña ya son actividades prácticamente inseparables.
