Corte Constitucional: el último hombre en pie

En los videojuegos y en ciertas películas bélicas, es común ver al protagonista como el “último hombre en pie”: aquel que, en medio del caos, resiste para mantener una posición clave, proteger a sus aliados o darles tiempo para reorganizarse. Su sacrificio puede marcar la diferencia entre la derrota y la posibilidad de una victoria. En la política ecuatoriana actual, la Corte Constitucional parece encarnar ese papel: la última institución en pie en medio de un escenario tenso y lleno de presiones.

Para entender lo que pasa hoy, debemos regresar unos meses atrás, a la última campaña presidencial, en la que Daniel Noboa planteó la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para “refundar” el país. La propuesta generó un intenso debate público. Sin embargo, el proceso no avanzó, en parte porque requiere tres pasos obligatorios: aprobación previa de la Corte Constitucional, convocatoria a consulta popular y, de ganar el “Sí”, elección de asambleístas constituyentes y aprobación de la nueva Constitución por referendo. La presión mediática, las críticas de actores como el exjuez Enrique Herrería y la idea de una “constituyente exprés” sin elección popular alimentaron un clima de confrontación con la Corte. Con el triunfo electoral y el control legislativo alcanzado, el Gobierno dejó de lado esta idea y optó por impulsar sus reformas a través de la Asamblea Nacional.

Desde la instalación de la nueva Asamblea el 14 de mayo, el Ejecutivo ha contado con una mayoría funcional. En ese marco, se han aprobado tres leyes económicas urgentes: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Áreas Protegidas. Cada una ha recibido críticas por posibles inconstitucionalidades, y diversas organizaciones y actores sociales han acudido a la Corte Constitucional para impugnar su contenido.

La noche del 30 de julio, la red social X se convirtió en escenario de una ofensiva discursiva. Políticos, activistas y comunicadores afines al oficialismo reaccionaron ante la posibilidad de que la Corte declare inconstitucional alguna de las leyes mencionadas. Se sugirió incluso que, en el referendo previsto para diciembre —aprobado previamente por la misma Corte para consultar sobre la presencia de bases militares extranjeras— se incluya una pregunta para eliminar la Corte Constitucional y convertirla en una sala de la Corte Nacional de Justicia.

Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿puede o no defenderse la Corte ante estos ataques? La respuesta es compleja. Quienes hoy critican a la institución ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión, pero también son ciudadanos cuyos derechos están protegidos precisamente por la Constitución que la Corte tiene el deber de garantizar. Esa es la paradoja: la Corte está llamada a defender los derechos de todos, pero no tiene un mecanismo claro para defenderse a sí misma. Cualquier pronunciamiento podría ser interpretado como una reacción política o un exceso institucional. Y entonces queda una pregunta incómoda pero necesaria: ¿a quién le corresponde defender a la Corte? ¿A la sociedad civil? ¿A la institucionalidad del Estado? ¿O quedará sola, esperando que su legitimidad sobreviva al ataque de sus detractores?

Así, la Corte Constitucional enfrenta un desafío de enorme trascendencia: mantenerse firme en su rol, sin entrar en la lógica del enfrentamiento, aplicando con sobriedad y rigor los principios constitucionales. En medio de un contexto político volátil, esta institución aparece como el último bastión de equilibrio y legalidad. Su resistencia silenciosa, sin aspavientos ni protagonismo, puede ser decisiva para preservar el orden democrático en el Ecuador.

Paradójicamente, la Corte es hoy el último hombre en pie porque se ha negado a jugar el juego de la guerra. Y quizás, precisamente por eso, aún no ha caído.