Defender la tierra puede costar la vida: el caso Mónika Silva y el silencio político en Ecuador

Análisis de Coyuntura - Talk Comunicaciones

El 8 de junio de 2026, el cuerpo de Mónika Silva fue encontrado en una habitación de su hostal en Montañita, provincia de Santa Elena. En las primeras horas, el ministro del Interior, John Reimberg, declaró públicamente que todo apuntaba a un suicidio. Días después, el informe pericial lo desmintió: las lesiones en su cuerpo son incompatibles con un suicidio. Los organismos de derechos humanos que actuaron como veedores forenses lo dijeron sin rodeos: Mónika Silva fue asesinada, y la escena del crimen fue alterada.

Lo que ocurrió antes de esa fecha es igual de relevante. Silva, activista de origen polaco radicada en Ecuador por más de una década se definía como "activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables", y cerraba su perfil en redes con una frase que hoy resulta inquietante: "aún viva". Había denunciado la venta ilegal de tierras en la zona costera, contratos irregulares en entidades públicas, y se opuso a proyectos de construcción en zonas ecológicas vulnerables. Por ese activismo enfrentó múltiples juicios, de los que salió absuelta. Semanas antes de morir, había reportado amenazas. La Delegación de la Unión Europea, la CIDH y la Fiscalía de su ciudad natal en Polonia solicitaron una investigación exhaustiva e independiente. No es frecuente que el caso de una activista local convoque ese nivel de atención internacional.

Los números que el debate político no menciona

El 15 de junio de 2026, una semana después de la muerte de Silva, Front Line Defenders (FLD) publicó su informe global sobre la situación de personas defensoras durante 2025. El documento no es opinión: es una sistematización de asesinatos verificados. La cifra es escalofriante: 358 personas defensoras asesinadas en 28 países por su trabajo de defensa. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del planeta para quienes defienden derechos.

Ecuador no es la excepción. El informe registra siete defensores asesinados en el país durante 2025: Darwin Fernando Baque, Efraín Fuerez, Jorge Humberto Jijón Montenegro, José Alberto Guamán Izama, María Chóez, Patricio Aguilar y Robinson del Pezo Cañarte. El propio documento advierte que aún restan confirmar otros casos en el país. El de Mónika Silva llega fuera del período analizado, pero con una coherencia brutal respecto al patrón que FLD describe: defensora de la naturaleza, denunciante de corrupción local, asesinada en circunstancias que las autoridades intentaron encuadrar como suicidio antes de que la evidencia lo impidiera.

El informe, al que contribuyó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, señala además un elemento estructural: la Ley Orgánica de Transparencia Social fue presentada y aprobada en menos de 30 días, otorgando al Ejecutivo amplias facultades de supervisión sobre organizaciones sociales mediante disposiciones ambiguas que podrían facilitar mecanismos de control, sanción o suspensión de la sociedad civil. La contribución de Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza, lo afirma sin eufemismos: en Ecuador el aparato legal ha sido instrumentalizado para criminalizar a quienes defienden derechos, con investigaciones por "financiamiento terrorista" y cuentas bancarias congeladas. La violencia física y la violencia jurídica operan en paralelo.

Lo que los candidatos no están diciendo

Ecuador está en un ciclo preelectoral. Faltan menos de cinco meses para las elecciones. En ese contexto, llama la atención que la situación de los defensores de derechos humanos no exista como tema en ninguna candidatura relevante. Hemos debatido sobre economía, aranceles e inseguridad. Son debates legítimos. Pero hay una pregunta que nadie formula desde la política: ¿qué tan seguro es defender la naturaleza o denunciar corrupción local en este país?

Los datos responden: no es seguro. Siete defensores confirmados asesinados en 2025. Una defensora más en junio de 2026 cuya muerte fue presentada como suicidio por el ministro del Interior antes de que los peritos lo descartaran. Una ley aprobada en un mes que amplía el control estatal sobre la sociedad civil. Un informe internacional que ubica a América Latina como el territorio más peligroso del mundo para defender derechos. Eso no es un problema secundario. Es un problema de Estado.

La sociedad civil ecuatoriana ha demostrado, en el referéndum de noviembre y en la marcha del Quinto Río, que puede incidir en la política cuando articula sus demandas con coherencia y datos. Ese mismo capital organizativo es el que la Ley de Transparencia Social amenaza con restringir. Si los candidatos que aspiran a gobernar en 2027 no incorporan en su agenda la situación de los defensores con los datos de FLD, con el nombre de Mónika Silva como caso concreto y reciente, la pregunta no es qué harán como gobernantes. La pregunta es qué tipo de democracia están dispuestos a administrar.

Y si ellos no lo dicen, tendrá que decirlo la sociedad.

Fuentes: Informe Global 2025-2026, Front Line Defenders (15 de junio de 2026); Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador; Primicias, Extra, El Universo, teleSUR (cobertura del caso Mónika Silva, junio de 2026).