Consulta Popular y Corte Constitucional: dos frentes de la misma jugada

El ataque a la Corte Constitucional y la convocatoria a la consulta popular prevista para diciembre no son hechos aislados. Ambos forman parte de una estrategia que combina presión institucional y cálculo electoral. El presidente Daniel Noboa enfrenta un escenario sin oposición cohesionada, con una Revolución Ciudadana debilitada, y busca capitalizar una victoria política que le permita fortalecer su liderazgo de cara a 2026 y posicionar figuras para las elecciones locales de 2027. En política, no tener un rival definido puede ser tan problemático como enfrentarlo; por eso, la Corte ha terminado ocupando el lugar de antagonista necesario.

Como recuerda la analista Grace Margarita Jiménez R., las consultas populares y los referendos en la región suelen funcionar como mecanismos de refrendación social, permitiendo a los gobiernos medir fuerzas, legitimar su agenda y cohesionar a su base. En un año preelectoral, este tipo de procesos actúa como combustible político: moviliza simpatizantes, ordena al oficialismo y proyecta fortaleza de cara a la siguiente contienda. En este caso, las siete preguntas enviadas por Noboa a la Corte dibujan un patrón claro: cinco de carácter político —bases militares extranjeras, financiamiento a partidos, eliminación del CPCCS, reducción de asambleístas y juicio político a jueces de la Corte— y dos económicas —contratación por horas en turismo y reapertura de casinos con fines recaudatorios—. La combinación refuerza la narrativa de reforma institucional, mientras introduce incentivos económicos y “populares” para ampliar apoyos.

El problema es que todas las preguntas dependen de la aprobación de la misma Corte que es blanco de críticas desde sectores cercanos al oficialismo. Consulta y ataque son, por tanto, parte de un mismo movimiento: presionar a la institución que tiene la llave para validar la consulta y, al mismo tiempo, marcar territorio político en un momento clave.

Hasta hoy, Noboa había intentado mantener un brutalismo político más silencioso, tomando decisiones duras envueltas en un discurso tecnocrático, justificándolas en el context de violencia extrema que vive el Ecuador. Sin embargo, su aparición pública en la marcha convocada para presionar a la Corte lo coloca como un actor con un mensaje claro y una intención más frontal: pretender, si no controlar, al menos conseguir una Corte Constitucional alineada y dócil a su gobierno. Es un giro que combina la búsqueda de resultados concretos con la construcción de un antagonista visible que permita cohesionar a su base.

En la opinión pública informada, el Gobierno empieza a perder la narrativa que lo diferenciaba de Rafael Correa. La duda es si este desgaste llegará a las capas más populares, menos interesadas en quién es la Corte Constitucional y más preocupadas por que se resuelvan sus problemas cotidianos que por las disputas entre políticos. La estética del brutalismo, tanto en arquitectura como en política, pretende transmitir fuerza y solidez, pero también deja la huella de su dureza. Tal vez, cuando miremos atrás, lo que recordemos de esta etapa no sea solo una serie de reformas o disputas institucionales, sino la imagen de un poder ejercido con crudeza, marcado por un tono policial y militar, una época donde el cemento político se impuso sobre el ornamento democrático.