Yasuní y Chocó Andino: dos años de una deuda pendiente con la democracia

El 20 de agosto de 2023 el Ecuador vivió un hecho histórico: la ciudadanía acudió a las urnas para pronunciarse en dos consultas populares convocadas por iniciativa ciudadana. Una de carácter nacional preguntaba si debía dejarse bajo tierra, de manera indefinida, el crudo del Bloque 43-ITT, considerado la mayor reserva petrolera del país. La otra, de ámbito local, buscaba establecer si los habitantes de Quito estaban de acuerdo en declarar a la ciudad libre de minería metálica en todas sus escalas. En ambas consultas el Sí se impuso con claridad: 65% en el caso del Yasuní y 70% en el del Chocó Andino.

En las últimas semanas hemos reflexionado sobre cómo plebiscitos y referendos se han convertido en herramientas políticas que, además de validar gestiones de gobierno, configuran el escenario social y electoral de los Estados. En ese marco, las consultas del Yasuní y del Chocó Andino deben ser recordadas como ejercicios ejemplares de democracia directa, no como episodios aislados. Sin embargo, lo que debía ser motivo de orgullo nacional se ha convertido en el recordatorio de una deuda pendiente del Estado con la voluntad popular.

Ambos procesos tuvieron la misma génesis: se ampararon en el artículo 104 de la Constitución, que faculta a la ciudadanía a convocar consultas populares con la calificación previa de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas y la recolección de firmas de respaldo. En los dos casos se cumplieron todos los requisitos. Particularmente en el Yasuní, tras un largo proceso en el que distintos gobiernos —desde Rafael Correa hasta Guillermo Lasso— intentaron impedir que la decisión llegara a las urnas.

Resulta curioso que en 2023, un entonces bastante desconocido Daniel Noboa, durante su campaña presidencial, se pronunciara públicamente a favor del “Sí” en la consulta del Yasuní. Hoy, ya no como candidato sino como presidente, enfrenta la obligación de traducir esa postura en hechos concretos.

La pregunta central es entonces: ¿por qué se habla de una deuda con la democracia?

En el caso del Yasuní, la Corte Constitucional estableció un plazo de 12 meses para cesar la explotación petrolera en el Bloque 43, si la ciudadanía se pronunciaba a favor. Dos años después, de acuerdo con el colectivo Ecos del Yasuní, apenas se han cerrado 10 de los más de 250 pozos existentes. En Quito, a pesar de que los ciudadanos rechazaron la minería metálica, sectores empresariales y exfuncionarios han sostenido que la decisión solo tendría efectos futuros, omitiendo que varias concesiones ya existentes están caducadas, carecen de permisos o no pueden renovarse.

En suma, la democracia ecuatoriana enfrenta una contradicción: el pueblo habló en las urnas, pero el Estado no ha honrado ese mandato. Dos años después, la deuda no es únicamente con el Yasuní y el Chocó Andino, sino con la legitimidad del sistema democrático. En un país donde la seguridad y la salud pública atraviesan crisis profundas, el incumplimiento de un proceso legítimo y ciudadano recuerda que también la democracia está en cuidados intensivos, a la espera de que sus instituciones respeten la voluntad popular.